La guerra de Siria se ha convertido en un conflicto en el que los crímenes de guerra no llevan consecuencias para los culpables, ni en el presente y, al parecer, ni en el futuro.
El horror de la guerra de Siria está en los millones de imágenes espantosas: cuerpos apilados fuera de las salas de hospital, hinchados en descomposición en los callejones de francotirador, un niño sacado de los escombros sin cabeza carbonizado. Está en un grupo de familiares que tratan de llevar el cadáver de un hombre que murió de hambre, pero que luchan con su peso, ya que ellos también se están muriendo de hambre. Se encuentra en una generación de huérfanos, de niños que nunca aprendieron a leer pero conocen la diferencia entre los sonidos de los bombardeos y las de los ataques aéreos. Es en el bombardeo intencional de hospitales y clínicas, los asesinatos selectivos de trabajadores de la salud, los desplazamientos forzados, los ataques con armas químicas. El número de muertos es tan alto, e imposible de comprobar, que la U.N. dejó de contarlos hace dos años.
Después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, un abogado británico llamado Hugh Bellot pasó años suplicando una Liga de las Naciones para establecer un tribunal penal internacional de La Haya, para enjuiciar los crímenes de guerra y «todos los delitos que infrinjan las leyes de la humanidad». Los esfuerzos de Bellot apenas sembraron unas semillas; se tuvo que llegar al Holocausto para que la comunidad internacional estableciera el primer tribunal de crímenes de guerra internacionales del mundo, y otro medio siglo de atrocidades en América del Sur, Asia, África, Europa del Este, para que su visión llegue a ser plenamente realizada. En 1998, después de las matanzas en Ruanda y Bosnia, las Naciones Unidas convocaron a una asamblea de cinco semanas en Roma, para redactar un tratado que establecería un tribunal penal internacional que pueda juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. En teoría, la U.N. creía, que la existencia misma de un tribunal de este tipo haría reflexionar a los dictadores y caudillos propensos a la brutalidad; culpables que vivan en cualquier parte del mundo podrían cazarse hasta que sean eliminados.
Este supuesto avance de la justicia resulto ser tan ineficaz como queda demostrado en Siria. Siria como la mayoría de los países, firmó el Estatuto de Roma, que, de acuerdo con las reglas de la ONU, significa que está obligado “a no frustrar el objeto y fin del tratado.» Pero Siria en realidad nunca ratificó el documento, en consecuencia, la Corte Penal Internacional no tiene autoridad para investigar o enjuiciar los crímenes que tienen lugar dentro del territorio sirio. El Consejo de Seguridad de la U.N. tiene la facultad de someter a la jurisdicción del tribunal, pero la justicia penal internacional es una tarea relativamente nueva y frágil, y en un grado alarmante, su aplicación está supeditada a la geopolítica. En 2014, cuando se intentó darle jurisdicción para el tema Siria, Rusia y China, se opusieron. Mientras tanto, desde 2011, el gobierno de Siria no ha dejado un minuto sin cometer múltiples crímenes de guerra, generalizadas, simultáneas y contra la humanidad. El conjunto de pruebas contra altos funcionarios sirios es completo y concluyente. Sin embargo no hay ningún proceso en curso.
La evidencia más incriminatoria fue producida por la propia burocracia del régimen. Policías militares han procesado y fotografiado los cadáveres de miles de detenidos que fueron torturados hasta la muerte por agentes de seguridad e inteligencia de forma sistemática; más de cincuenta mil de estas imágenes se encuentran actualmente en posesión de abogados internacionales y de los investigadores forenses. Y, como he escrito anteriormente para esta revista, investigadores independientes que trabajan para la Comisión de Justicia Internacional y Responsabilidad (CIJR) han sacado clandestinamente de Siria más de seiscientos mil archivos del gobierno, lo que les permite rastrear la tortura sistemática y el asesinato de decenas de miles de presuntos miembros de la oposición a las órdenes que emanan del comité de seguridad de más alto nivel del presidente Bashar al-Assad, y aprobado por el mismo. El CIJR también está investigando ISIS por el genocidio yazidi. Pero, los únicos criminales de guerra que tienen probabilidades de enfrentar un juicio inminente por su participación en el conflicto sirio son agentes de bajo y medio nivel que han sido identificados en las jurisdicciones europeas, después de entrar en el continente oculto en el fluir de refugiados.
El Estatuto de Roma define «crímenes contra la humanidad» como un conjunto de actos «cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.» Los diversos delitos que han sido (y siguen siendo) cometidos en los centros de detención del gobierno sirio incluyen la tortura, el asesinato, la violación, desaparición forzada, detención ilegal, persecución y otros actos inhumanos. Cada vez que el Gobierno Sirio bloquea ayuda de la ONU en zonas cercadas, como lo ha hecho de forma rutinaria en los últimos cuatro años, puede entenderse como acto de «exterminio», un crimen contra la humanidad que incluye la «privación del acceso a alimentos y medicina, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.
El Estatuto de Roma también autoriza bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional investigar los crímenes de guerra que se cometan «como parte de un plan o política», o en gran escala. Si el tribunal pudiera investigar los crímenes de guerra en Siria, sería sorprendente ver a los futuros procesamientos de altos funcionarios, incluyendo Assad juzgados por una serie de delitos prohibidos por la Convención de Ginebra, entre ellos el homicidio intencional; desenfrenada e indiscriminada destrucción de bienes más allá de las necesidades militares; obligar a los prisioneros de guerra a luchar en nombre de sus captores; ataques intencionados contra civiles; ataques intencionales dirigidos contra el personal humanitario, instalaciones y vehículos; bombardeo de ciudades indefensas, pueblos o edificios; asesinato de prisioneros de guerra; ataques intencionales a mercados, escuelas y hospitales; mutilación; expoliación; el uso de armas químicas, incluidos los gases asfixiantes ; y muertos de hambre intencionadamente a civiles como método de guerra, mientras se negaban intencionalmente los suministros de socorro.
Actualmente, Rusia participa activamente en la campaña aérea a favor de Assad, utilizando munición incendiaria prohibida y con frecuencia bombardeando hospitales y mercados en el territorio controlado por los rebeldes. La probabilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU denuncie el hecho en jurisdicción de la Corte Penal Internacional se ha reducido a aproximadamente cero por ciento. (Sería sorprendente que Rusia vote a favor de una medida que podría dar lugar a la persecución de sus propios mandos militares.) La guerra de Siria se ha convertido en un conflicto en el que los crímenes de guerra no tienen consecuencias presentes y tampoco en el futuro, ya que esta aberrante guerra sin tener en cuenta los derechos humanos, se ha transformado en en una estrategia de guerra normal, en lugar de ser vista como una aberración. El clima de impunidad imperante ha animado a otros gobiernos para llevar a cabo atrocidades en la consecución de sus objetivos. En Yemen, aviones saudíes parecen haber adoptado la política de la voladura de los hospitales de Assad.
Los países occidentales y las Naciones Unidas han pasado los últimos cinco años y medio condenando una tras otra las atrocidades en Siria, sin ningún resultado. Con la justicia tan limitada por la geopolítica, ¿quién en Siria tiene miedo de la ley internacional?
Ben Taub , is a contributing writer for newyorker.com.
http://www.newyorker.com/news/news-desk/does-anyone-in-syria-fear-international-law