El presidente chino, Xi Jin-ping, en la inauguración del primer foro ministerial entre su país y los 33 países de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, excluye a Estados Unidos y Canadá) explicito sus objetivos de inversión en la próxima década para la zona.
La cifra es muy importante: 250.000 millones de dólares. En los últimos cuatro años la inversión promedio anual apenas alcanzaba a 10.000 millones de dólares. La actual promesa es de 25.000 mil millones anuales para los próximos 10 años.
El Presidente de China auguro que dichas inversiones tendrán un impacto trascendental en la promoción de la colaboración sur-sur y para la prosperidad mundial.
Varios países de la región ya han firmado acuerdos bilaterales. Podemos mencionar Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Argentina y Brasil entre otros.
De todos modos, en varios de los países que ya han concretado acuerdos, la opinión publica duda de la transparencia de los mismos.
A continuación reproducimos el artículo del periodista Enrique Szewach, publicado en el Diario Perfil de Buenos Aires respecto a los acuerdos firmados por la Argentina.
Otro arreglo chino que habrá que revisar
China es y será un protagonista importante de la economía global. Igual, un país cuyos intendentes roban cadáveres de los cementerios para cumplir su “cuota de cremación” (destinada a incrementar los terrenos disponibles para construir) tiene un largo camino por delante para consolidarse, realmente, como la gran potencia del siglo XXI.
Pero más allá de cómo resuelvan los líderes chinos sus graves contradicciones internas, resulta absurdo negar la conveniencia de tener a China como un importante socio en materia económica. Pero esto no implica tomar decisiones estratégicas de largo plazo, en función de necesitar “un puñado de dólares”.
La semana que pasó, los legisladores argentinos aprobaron un acuerdo que enmarca las relaciones económicas con China, en línea con los “usos y costumbres” de la década ganada.
En efecto, colocar a China como proveedor de obra pública y otras contrataciones del Estado, sin necesidad de competir, vía licitación pública y transparente, por precio y calidad, no hace más que seguir la línea de opacidad que ha caracterizado la actividad del Estado argentino en materia de contrataciones y asociaciones. (El antecedente de la “relación especial con Venezuela” debería servir como ejemplo). Lo mismo que no incluir en los acuerdos condiciones vinculadas a exportaciones argentinas con mayor valor agregado (alimentos en particular). Esto no invalida que China pueda ser un oferente eficiente y competitivo en muchos sectores, pero la mejor forma de demostrarlo es, justamente, participando en licitaciones abiertas y transparentes, que separen precios y financiación.
A esto se le suma otro tipo de “privilegios”, mucho más justificados.
Sin jueces independientes, sin respeto a las instituciones, y con legislaciones que se modifican caprichosamente y sin debate, resulta razonable que quien hunde capital en la Argentina, se llame China o Chevron, exija someterse a otra jurisdicción para resolver eventuales controversias.
La necesidad de dólares para llegar a fin de mandato con cierta tranquilidad ha llevado al gobierno argentino a privatizar desordenadamente. Y a aceptar este tipo de asociaciones. Dentro de unos años, cuando se calculen desapasionadamente los costos de esta metodología, se podrá comprobar que habrá resultado mucho más caro para la sociedad argentina, que haber encarado un esquema más de mercado en las relaciones internacionales.
Parece, entonces, que la política económica de los próximos meses se orienta a tratar de seguir igual en materia fiscal, monetaria y cambiaria, con la esperanza, de mínima, de llegar con esta estanflación “moderada” a las elecciones y con la de máxima de obtener algunos dólares extras que permitan “aflojar” restricciones y conseguir algún repunte importante en el nivel de actividad en los meses previos a las elecciones.
Sin embargo, hay una trampa en este esquema. Aflojar la oferta de dólares para la producción ayuda desde el lado de la oferta. Pero las decisiones de expandir la oferta no dependen sólo de acceder al mercado de cambios, se vinculan, además, con la expectativa de rentabilidad futura. Y en un contexto de precios relativos, en particular tipo de cambio oficial y precios de la energía, muy lejos del “equilibrio” esa expectativa no resulta hoy favorable.
Por el lado de la demanda, a su vez, la tranquilidad de precios de hoy, tranquilidad definida a través de una tasa de inflación de entre el 1 y el 2% mensual y una brecha cambiaria de entre 50 y 60%, es producto, precisamente, de la caída del salario real y de la expulsión del mercado de crédito del sector privado, a través de la absorción de fondos por parte del Banco Central. De manera que un aumento del salario real y un cambio en las condiciones crediticias, sin modificaciones a la política fiscal, y cambiaria de fondo, sólo llevarían a abandonar la calma actual de precios y brecha, con muy poco efecto sobre las cantidades demandadas. Sumando a ello que la acumulación de desequilibrios puede hacer que los mercados “anticipen” la normalización y la hagan, de facto, antes de fin de año.
En síntesis, el Gobierno intenta comprar cierta paz para su final de mandato sin tener que cambiar sustancialmente la política fiscal y cambiaria, aun a costa de, como ha sido una constante, agregar un rubro más en la larga lista de cuestiones que el próximo gobierno tendrá que revisar.
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