Algo que comenzó como una buena idea, ahora se complicó. A pocos días del recambio de gobierno más anticipado desde el regreso a la democracia, la sociedad argentina se pregunta: ¿cuánto deberá nuestro país realmente pagar a sus acreedores por una decisión que muchos consideraron apropiada en su momento?
Junio de 2014 marcó un antes y un después en la historia de la deuda argentina. El gobierno de la República Argentina, tras recibir la noticia que la Corte Suprema de los Estados Unidos había rechazado analizar la situación en la cual se encontraba con los bonistas que no aceptaron ingresar en los canjes de deuda de 2005 y 2010, optó por entrar en default para “ahorrar” una suma de dinero calculada por el Ministerio de Economía en 100.000 millones de dólares.
Esta decisión fue aplaudida por los argentinos en general pero sospechada por otros. Estos últimos argumentaron que la ideología de un sector del gobierno y su rencor hacia el capitalismo, iban a llevar a la Argentina al abismo financiero.
Una conocida película de espionaje llamada “El Internacional”, nos muestra como un banquero sueco que financia el tráfico de armas, explica a su círculo más íntimo cómo salir de una apretada situación causada por una decisión mal tomada. En este largometraje, el banquero nos enseña que si la mejor resolución a un conflicto es admitir los errores cometidos, entonces la alternativa a aceptar tu equivocación es redoblar la apuesta para mostrar al mundo que tu decisión fue la correcta.
Este pasaje de “El Internacional”, describe a la perfección la situación en la cual nos encontramos los argentinos hoy. Sin embargo, en el seno del gobierno admiten que aquel costo que decidieron ahorrar en junio de 2014, valía la pena haberlo abonado y evitar así el default que tantos problemas ha traído a la sociedad.
En ese entonces, un pequeño grupo de acreedores recibieron un fallo a favor por el cual reclamaban 1.330 millones de dólares. Estos acreedores representan tan solo un tercio del total que Argentina adeuda a los bonistas que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, pero son los únicos que están causando el default argentino.
Este fallo adverso por 1.330 millones de dólares es lo que el gobierno no quiso abonar para “ahorrarnos” los dos tercios restantes estimados en 100.000 millones de dólares. Los argentinos creímos que este análisis era cierto pero hoy sabemos que las cifras fueron infladas. Es decir, para no pagar a un grupo de fondos buitres que intentaban lucrar que la sociedad argentina, redoblamos la apuesta y para mostrarles que con nuestro país no se juega.
Dieciocho meses más tarde, esta “lección” que nuestro Gobierno quiso darles a los acreedores, hoy nos cuesta 7.140 millones de dólares más intereses.
El viernes por la tarde a última hora, el Juez Federal Thomas Griesa, aceptó las demandas de otros acreedores quienes reclamaban al país 5.810 millones de dólares que, junto a la demanda inicial de junio de 2014, eleva nuestra deuda a los mencionados 7.140 millones.
No entrar en default en junio de 2014, implicaba para Argentina aceptar un fallo internacional dictado por un juez detestado por el Gobierno y pagar 1.330 millones de dólares a un grupo de voraces inversores sin escrúpulos.
Salir del default, hoy nos cuesta siete veces más sin garantías que el próximo gobierno, ya sea Daniel Scioli o Mauricio Macri, logren hacerlo pronto. El Gobierno argentino redobló la apuesta para no admitir el error, igual que el banquero sueco en “El Internacional”.
El rencor nos está costando caro. Es hora de aceptar los errores cometidos y pagar a nuestros acreedores lo adeudado para salir del default. Después necesariamente vendrán nuevas demandas de los dos tercios que no ingresaron en el fallo inicial de junio de 2014, pero Argentina habrá logrado regresar al mercado de capitales internacional que le permitirá levantar el cepo y comenzar a traer normalidad a nuestra economía.
La primera regla del Póker es “dejar las emociones en la puerta”. Esperemos que el próximo gobierno haga exactamente esto cuando se siente a negociar y acuerde con nuestros acreedores.
Sebastián Maril – para Inversor Global
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