JERUSALÉN.- El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó ayer un controvertido proyecto de ley para declarar a Israel «Estado judío», pese a la opinión de expertos, que advierten que socava los principios democráticos y amenaza los derechos de las minorías árabes.
En otras ocasiones nos hemos ocupado de las diversas convulsiones políticas del Mundo.
http://elabcfinanciero.com/2014/10/a-un-mundo-convulsionado-por-las-guerras-se-suma-el-ataque-del-califato-islamico – http://inversionesalacarta.com/2014/09/un-nuevo-cisne-negro-nos-acech a/
Varias naciones europeas están desarrollando la idea de la creación de un Estado Palestino (España). El fanatismo islámico no responde a fundamentos de su religión sino a desviaciones de la misma. Por consiguiente, debemos buscar caminos que nos acerquen y logren desactivar la barbarie desatada por Isis y los fundamentalistas. La reunión de meses atrás, entre el Papa Francisco, la representación del pueblo Palestino y de Israel apuntaban a esa ruta. Si la respuesta a esa convocatoria fue el asesinato de tres jóvenes israelíes y la destrucción de gran parte de Gaza, nunca vamos a encontrar la necesaria conclusión de paz necesaria. Es imposible matar a todos los que opinan diferentes que nosotros. La única salida es comprender que debemos consensuar la existencia de diversas realidades, y a esa situación debemos llegar, sí o sí.
Israel es un país consolidado. Es un país importante y reconocido por casi todo el mundo,…por supuesto, menos por los fanáticos. ¿Cuál es la necesidad política de declararse “Estado Judío”?. Todo hace pensar que es un desafío, que no ayuda a buscar la convivencia.
Uno de los más críticos con la decisión, aprobada gracias a la fuerza del sector ultranacionalista de la coalición que dirige Netanyahu, fue el fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, para quien la nueva propuesta de ley supone «un ataque a la naturaleza democrática de Israel».
«La norma introduce un cambio tangible en los principios básicos de la ley constitucional que quedaron fijados en la declaración de independencia (de 1948) y en las leyes básicas del Parlamento, y tiene la capacidad de trivializar el carácter democrático del Estado», advirtió Weinstein días atrás.
Weinstein y otros expertos temen que la nueva redacción legal suponga que la igualdad social y política de la que disfrutan en la actualidad todos los ciudadanos de Israel, «sin importar su raza, religión y género», quede supeditada al albedrío de los legisladores.
«En la nueva ley, la fórmula de la igualdad total social y política -que nunca se ha logrado- ha sido reemplazada por derechos individuales para todos los ciudadanos de acuerdo con cualquier ley», criticó ayer el analista Aeyal Gross en el diario progresista Haaretz.
«La redacción es vaga, al limitar los derechos personales a la fórmula de acuerdo con cualquier ley, y hace que esa cláusula sea en efecto inútil cuando la ley en sí misma es discriminatoria. Además, derechos personales no incluyen derechos colectivos, como el derecho a la lengua y a la cultura», subrayó.
En la misma línea, Daniel Friedmann, columnista del diario conservador Yediot Aharonot, advertía que la ley es, además, inoportuna y contraproducente, dado el clima de tensión que se vive, en particular en Jerusalén, escenario desde hace un mes de ataques mortales de palestinos, agresiones racistas de colonos y ultranacionalistas a ciudadanos árabes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
«En la volátil situación en la que vivimos hoy, esta propuesta de ley sólo puede causar daño y empeorar nuestra relación con las minorías, algo muy posible incluso si la ley es suavizada y modificada», escribió.
Pero no sólo le han llovido críticas desde la judicatura o los medios; la propia coalición de gobierno ha carecido de consenso, con los partidos de centroderecha -Hatnuá y Yesh Atid- en contra.
La más hostil ha sido la ministra de Justicia, Tzipi Livni, que ya trató de detener el recorrido del proyecto la semana pasada al suspender su discusión en el comité correspondiente, decisión que forzó a Netanyahu a elevar la cuestión al Consejo de Ministros.
Quince ministros -los miembros de los partidos ultranacionalistas que registraron la propuesta más el Likud del primer ministro- votaron a favor y siete en contra.
«La ley es esencial para afianzar el carácter de Israel como Estado del pueblo judío frente a los retos que se nos plantean desde la comunidad internacional y a nivel interno, que ponen en tela de juicio este hecho», argumentó ayer Netanyahu.
Para el jefe del gobierno, «la ley -a la que se le augura una muerte lenta en el Tribunal Constitucional- no elevará el carácter judío por encima de su carácter democrático, como temen muchos; ya ambos son equiparables y los dos deben ser tenidos en cuenta igualmente». Una idea que parece estar en contradicción con el espíritu de la redacción más dura aceptada ayer, y que el primer ministro estaría dispuesto a suavizar con una versión propia antes de la votación definitiva.
Entonces, ¿por qué forzar ahora esta polémica aprobación en el Consejo de Ministros?, se preguntan analistas y observadores internacionales.
La primera razón, conjeturan, es poner obstáculos al proceso de paz y enviar una señal a Europa en un momento en el que la diplomacia parece soplar en contra de Israel con el reconocimiento del Estado Palestino en gobiernos y parlamentos europeos.
Ni halcones ni palomas, tengamos sentido común y persigamos la realidad.
La Nación – Agencias AP, AFP y EFE.